Este lunes, 6 de julio, la Fiscalía General del Gobierno de Bolivia presentó cargos formales contra el expresidente Evo Morales, por los delitos de «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo». El proceso se ha identificado como ‘Caso Audio’, debido a que el gobierno golpista difundió desde noviembre de 2019 una supuesta conversación entre Evo y el dirigente cocalero Faustino Yucra, en donde se alega que el exmandatario coordinó desde su exilio en México bloqueos en las principales ciudades para impedir el ingreso de alimentos y combustibles en los días posteriores al golpe de Estado que sufrió a manos de los ultraconservadores bolivianos.
Desde el principio, Evo Morales ha negado las imputaciones, señalando que el audio es en realidad un montaje de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez para mantenerlo fuera de la escena política y electoral boliviana. A pesar de lo endeble de las acusaciones, Faustino Yucra fue detenido en abril y puesto en prisión preventiva bajo acusaciones de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de explosivos, terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.
No es la primera vez que el gobierno golpista, a través de la Fiscalía General de Bolivia, levanta cargos contra Evo Morales y solicita su arresto. En diciembre del año pasado, pidieron a la Interpol la emisión de la ficha roja para su localización y detención, pero la institución rechazó la petición a final de enero.
Las nulas posibilidades de que las ridículas acusaciones progresen dejan en evidencia que la intención principal es impedir el regreso de Morales a territorio boliviano y continuar con la judicialización de la política en tiempos electorales.
Si las medidas judiciales no prosperaron hace meses, ¿qué le hace pensar al gobierno de Áñez que insistir sobre los falsos cargos de terrorismo contra Evo Morales tendrá diferentes resultados? Es prácticamente imposible que la Interpol emita una ficha roja para ejecutar la detención del expresidente boliviano cuando es algo que ya ha rechazado con anterioridad. En el muy remoto caso que esto sucediera, el gobierno de Alberto Fernández no ejecutaría la extradición dado el estatus de refugiado que tiene Evo en Argentina. El tratado de extradición entre ambos países sostiene que esta no se concederá si la persona requerida ostenta la condición de refugiado o asilado político, y el pedido de extradición proviene del país que motivó el refugio o asilo.
Las nulas posibilidades de que las ridículas acusaciones progresen dejan en evidencia que la intención principal es impedir el regreso de Morales a territorio boliviano y continuar con la judicialización de la política en tiempos electorales, además de establecer cortinas de humo que funcionen como control de daños para impedir que el gobierno golpista siga derrumbándose en sus simpatías, especialmente Jeanine Áñez, que estará en las boletas electorales.
El gobierno de la antigua presentadora de televisión, cuya única responsabilidad al asumir el cargo era convocar a elecciones para que Bolivia pudiera contar con un presidente legal y legítimo, se ha ido complicando debido a que la pandemia por el coronavirus ha impedido establecer con claridad una fecha para las elecciones presidenciales. En primera instancia, estaban previstas para celebrarse el 3 de mayo pasado, pero tuvieron que ser reprogramadas y aplazadas para el 6 de septiembre. Sin embargo, los epidemiólogos creen que para esa fecha Bolivia estará viviendo el pico de la pandemia en su territorio, por lo que no se descarta un nuevo aplazamiento en la jornada electoral.
Fuente: RT en Español
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